Al participar en la última jornada del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruíz Mateos, indicó que algunas de las principales empresas petroleras del mundo tuvieron una participación activa en la elaboración de los nuevos contratos marco de Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales forman parte de la reforma energética aprobada en octubre de 2008. Señaló además que los directivos de esas compañías felicitaron al gobierno federal por el diseño de tales contratos, y confió en que en los próximos meses estaremos viendo a algunas de estas empresas participando junto con Pemex para reforzar la tecnología y reforzar la exploración y la perforación de pozos en México.

Tales declaraciones se producen un día después de que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, mantuvo una reunión con directivos de empresas petroleras trasnacionales, en la que les explicó las ventajas de la reforma energética referida y de los nuevos esquemas de contratación, y les planteó posibilidades de inversión dentro de la industria petrolera nacional.

Lo dicho ayer por el titular de Economía encierra un inocultable empeño por revivir los argumentos con los que el calderonismo pretendió, en abril de 2008, dar cobertura legal a la transferencia de la industria petrolera a manos privadas: el gobierno federal insiste en la necesidad de reforzar a Pemex en cuanto a tecnología y capacidad de exploración, así como de incrementar la plataforma de producción de crudo; se retoma, asimismo, la fábula de la exploración en aguas profundas, y se hace una defensa actualizada de los denominados contratos incentivados, forma eufemística de llamar a los inconstitucionales contratos de riesgo.

Cada uno de esos puntos fue ampliamente rebatido durante las discusiones que se desarrollaron en el Senado en torno a la reforma energética presentada por el calderonismo, cuando diversas voces de la academia, la sociedad organizada y los partidos políticos pusieron en evidencia, con cifras y reflexiones de por medio, el carácter ilegal, innecesario y contraproducente de la participación extranjera en la industria nacional de los hidrocarburos.

Hay que reiterarlo: para dar solución a las carencias de la industria petrolera nacional no es necesario abrirla a las corporaciones privadas, sino que la administración pública deje de emplear el dinero público en gastos suntuarios –como las prestaciones y estipendios de sus altos funcionarios–, se abstenga de usar la renta petrolera en gasto corriente, se decida a cobrar a las grandes empresas y fortunas personales los impuestos correspondientes a sus ingresos para no depender de los de Pemex, cese en su empeño por terminar cuanto antes con las reservas de hidrocarburos del país y comprometer, con ello, el patrimonio de las generaciones futuras.

En suma, la conducta del jefe del Ejecutivo y sus colaboradores en Davos confirma la vigencia del designio oficial de trasladar filones de la industria petrolera nacional a particulares nacionales y –sobre todo– extranjeros, y termina por dar la razón a quienes en su momento señalaron que las modificaciones legales aprobadas en octubre de 2008 por los legisladores del Revolucionario Institucional, Acción Nacional y una parte del Partido de la Revolución Democrática permiten al calderonismo llevar adelante esos planes.